Andrés Stambouli

Los comienzos
de siglo

Un extracto del libro «La política extraviada. Una historia de Medina a Chávez», obra ganadora del II Premio Anual Transgenérico, para recordar a nuestro amigo y colaborador Andrés Stambouli.

POR: Fundación para la Cultura Urbana

Con el propósito de honrar la vida y trayectoria profesional del politólogo, investigador y profesor Andrés Stambouli (1945-2021), la Fundación para la Cultura Urbana comparte «Los comienzos de siglo», que forma parte del libro La política extraviada. Una historia de Medina a Chávez (2002), obra ganadora del II Premio Anual Transgenérico.

Los comienzos de siglo

Los comienzos de siglo

El problema persistente de la Venezuela que entra al siglo XX, que perdura hasta la finalización de la década de los sesenta, ha sido el de la estructuración de un orden político plural y heterogéneo en cuanto a sus componentes; legítimo en cuanto a su reconocimiento, valoración y aceptación por un número creciente de sectores, grupos, organizaciones e individuos; efectivo en cuanto a su capacidad de respuesta a necesidades y demandas sociales; estable en cuanto a la perdurabilidad de pautas básicas de convivencia, tolerancia y diálogo, en circunstancias de cambio y movilización social aceleradas. Porque en efecto,

(…) muchos países en vías de modernización[ … ] tienen escasez de alimentos, de alfabetismo, educación, riqueza, rentas, salud y productividad[ … ] además de estas carencias, hay una mucho más grave: un déficit de comunidad política, de gobierno eficaz, representativo y legítimo [ … ]. [ … ). Pero no es posible encontrar el reino político; hay que crearlo. (Huntington, pp. 13 y 351).

En menos de un siglo, Venezuela logró transitar una senda, no exenta de conflictos y de violencia, que la condujo de la dominación personalista y despótica que caracterizó sus primeros treinta y seis años, a un orden político democrático extendido, cruzado de confrontaciones y debilidades institucio­nales, pero substancialmente más abierto, incluyente e integrador de la pluralidad, complejidad y heterogeneidad societal que el orden de los albores del siglo.

Los logros alcanzados en la implantación de una comu­nidad política democrática fueron producto del despliegue y actualización de proyectos de poder, racional y deliberadamente concebido, orientados a enfrentar y superar severos déficits societarios de sus respectivos momentos históricos. Dichas deficiencias dificultaban la estructuración de una sociedad moderna, dotada de un Estado cuyas acciones tuvieran un alcance nacional efectivo, capaz de erradicar la fragmentación de la estructura de poder caudillista, y que promoviera, a la vez, una sociedad civil y política organizada para la participación cívica ampliada y no violenta; un Estado que conformara una sociedad que cultivara los valores de la convivencia pacífica entre los diversos grupos, sectores y fuerzas sociales producidos por la reciente movilización social, pues todas estas características faltaban en la sociedad venezolana que entraba al siglo XX. La construcción del Estado sería el primer paso en esa dirección.

El orden político democrático de la Venezuela que llega a las postrimerías del siglo XX, puede ser considerado así como producto de los resultados acumulados de la ejecución de los siguientes proyectos de poder:

  • La integración nacional (1900-1936)
  • La modernización del Estado (1936-1941)
  • La apertura política (1941-1945)
  • El primer intento democrático (1945-1948)
  • El desarrollismo militar (1948-1958)
  • La democracia de consensos (1958-1983)
  • La reforma del Estado (1984-1993)
  • La revolución bolivariana (1998-2003)

La integración nacional (1900-1936)

Venezuela entra al siglo XX confrontando severos déficits societarios en todos sus órdenes, en función de constituirse como una sociedad con una adecuada capacidad de gestión, que le permitiera enfrentar y resolver sus carencias socio­económicas, educativas, sanitarias, materiales y culturales en general. Enfermedades y endemias crónicas, analfabetismo, alta mortalidad infantil, expectativas restringidas de vida adulta, malnutrición, eran algunas de las características más dramá­ticas del desarrollo humano de la época.

Un drama tan o más grave que los anteriores, se originaba en la estructura fragmentaria del poder político caudillista en una sociedad desintegrada, que producía gobiernos débiles e ineficaces, un estado de violencia permanente e ingoberna­bilidad nacional, en resumen, un severo déficit de comunidad política nacional y gobierno efectivo de la sociedad.

Construir un Estado moderno, en tanto que unidad polí­tica de alcance nacional efectivo; un ejército nacional, monopo­lizador del uso o amenaza del uso de la violencia física legítima, garante de la paz nacional; una hacienda pública apta para la acción administrativa, así como integrar a la Nación, territorial, cultural y políticamente, como condición para el desarrollo de un sentido de pertenencia a una unidad societal más amplia que superara los localismos y regionalismos, conformaban las exigencias históricas de la Venezuela de principios de siglo, si es que se quería convertirla en una nación moderna, integrada, capaz de comenzar a organizarse para superar sus problemas sociales, económicos y culturales.

De estos objetivos de poder se encargaría el primer pro­yecto de la Venezuela del siglo XX, ejecutado por Juan Vicente Gómez de manera despótica, personalista y represiva, sobre una sociedad, para el momento, carente de fuerzas sociales y políticas significativas, dotada de proyectos modernizadores alternos y con capacidad para ejecutarlos.

El Estado venezolano, entendido como la entidad que tuvo por misión la organización de las relaciones de poder de la autoridad pública con alcance nacional efectivo e integrador de la nación, se consolidó a principios del siglo como resultante de una acción deliberada, orientada a dotar a la sociedad ve­nezolana de una herramienta de poder novedosa, en respuesta a las profundas insuficiencias de los esquemas de conducción societal predominantes hasta finales del siglo XIX.

La concentración centralizada del poder, y su forma de ejercicio despótica y personalista, si bien respondió a la histori­cidad de las circunstancias iniciales de su conformación -nece­sarias e inevitables para neutralizar las resistencias originadas en una estructura de poder arcaica, fragmentada y violenta, que impedía toda forma de conducción nacional efectiva, logrando la erradicación del caudillismo como estructura de distribución del poder- atrapó, sin embargo, a sus protagonistas en sus métodos, impidiéndoles toda manifestación de apertura y tole­rancia hacia las incipientes organizaciones sociales y políticas que comenzaban a tener presencia en los últimos años de la década de los veinte.

De igual modo, si bien los logros alcanzados en la recons­titución del orden de dominación y de integración societal fueron notables, las carencias humanas de la población y la estructura social, en sus rasgos básicos, no habían variado en treinta y seis años de vigencia del nuevo orden, aunque la aparición y captación estatal de los recursos derivados del petróleo contribuyeron a sanear las finanzas públicas, y dotaron de recursos abundantes y represados a un Estado poderoso, cuya simpleza institucional lo incapacitaba para actuar sobre los problemas materiales y culturales de la sociedad.

La modernización del Estado (1936-1941)

A partir de la situación previamente expuesta, el desarrollo político discontinuo posterior de Venezuela se fue desplegando sobre un eje común, a saber, la consolidación del Estado y el crecimiento de sus funciones y atribuciones con respecto a la sociedad. Desde la dominación personalista hasta su institu­cionalización a partir de los comienzos de la década de los se­senta, el Estado venezolano se ha establecido como una entidad efectiva de conducción societal, logrando niveles apreciables de integración nacional, modernización social, representación po­lítica y ampliación de la participación. La creación y expansión del Estado nacional centralizado, única opción para su esta­blecimiento en la Venezuela de inicios de siglo, se constituyó en factor decisivo para el desarrollo de su modernidad.

El Estado ha sido el agente principal de movilización, acción y cambio social; la extensión de su presencia expandió significativamente las oportunidades de formación y crecimiento de una sociedad civil, inexistente finalizando el siglo XIX, e incluso para 1936. Esta realidad exigió del Estado, en varios momentos, su readaptación a situaciones cambiantes a fin de incorporar en los procesos participativos y decisorios,  a nuevos sectores y fuerzas sociales. El fracaso en resolver armoniosamente dichas exigencias de participación ocasionaron, en buena medida, las rupturas y reacomodos sucesivos que conoció el orden político a partir de 1945 hasta 1958.

Para 1936, el Estado venezolano era una entidad relati­vamente simple, soporte de una acción gubernamental dirigida prioritaria y casi exclusivamente a la concentración del poder, mediante la conformación de un ejército nacional y la unifica­ción de la hacienda pública. El gasto público se circunscribió fundamentalmente a la construcción de obras relacionadas con el objetivo mencionado: el equipamiento militar y las vías de comunicación, se llevaron el grueso de los recursos esta­tales, mientras las necesidades sociales de educación, salud, vivienda, agricultura, comercio e industria eran ignoradas y desatendidas.

De esta manera, durante los treinta y seis primeros años del siglo XX, el impacto del petróleo y de la unificación hacendaria y del poder, significaron muy pocos cambios en la estructura y realidad sociopolítica del país. Este Estado simple, ante una sociedad que había acumulado problemas y necesi­dades sociales, y que además empezaba a organizarse para demandar la satisfacción de sus necesidades materiales y de participación política, iba a iniciar el proceso de crecimiento de su complejidad.

En efecto, a partir de 1936, el general Eleazar López Contreras, coterráneo y ministro de Guerra y Marina de Juan Vicente Gómez, designado a su muerte como su sucesor en la Presidencia de la República, decidió que el Estado debía de ahora en adelante tener un papel activo sobre la sociedad en sus múltiples esferas, iniciando así su transformación institucional y la multiplicación de sus funciones, guiadas por el Programa de febrero. Las funciones del Estado, restringidas hasta enton­ces a la defensa nacional y al mantenimiento de la integridad territorial y la paz pública, se ampliaron al ámbito de la procura existencial: dirección y regulación de la economía, prestación de servicios sociales, educativos, sanitarios y culturales. A es­tos fines, se crearon nuevos órganos estatales tales como los ministerios de Sanidad, de Agricultura y Cría, de Trabajo y de Comunicaciones, el Banco Industrial de Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene, el Banco Central, el Consejo Venezolano del Niño, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

En cuanto al personalismo precedente represivo de la participación, López Contreras consideró que debía dar paso a un orden más institucionalizado, reconocedor de los derechos sociales y políticos, demandado por las nuevas fuerzas sociales emergentes.

En este sentido, en 1936, una reforma constitucional reconoció los derechos políticos y sociales ciudadanos, al tiempo que se promulgó la primera Ley del Trabajo y, lo que resulta más significativo desde el punto de vista del orden político, se inició la marcha institucional hacia el ejercicio despersonalizado del poder, limitado ahora en el tiempo, estableciéndose el período presidencial a cinco años, sin posibilidad de reelección.

Fue el tiempo en el que se formaron las primeras orga­nizaciones políticas que, en la década siguiente, originaron los modernos partidos de la Venezuela democrática contemporá­nea. Pero, la persistente concepción autoritaria del poder, sólo pudo recurrir a la pronta ilegalización de dichas organizaciones incipientes, a fun de restablecer la ‘calma y cordura’ -expresión de López Contreras- supuestamente amenazadas por sus manifestaciones públicas, para un país por mucho tiempo adormecido.

Imagen de cabecero: Rómulo Gallegos y Eleazar López Contreras en el acto de juramentación en el Congreso Nacional. Caracas, 13 de febrero de 1959 | Leo Matiz ©Archivo Fotografía Urbana.

Imagen portada:  Juan Vicente Gómez. @Archivo Fotografía Urbana.

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